PRIMER ACTO: Robar Para Sobrevivir
En favelas de Brasil o las villas miserias de Argentina u otras de América Latina, muchos niños crecen expuestos al mundo criminal. En esas circunstancias, algunos pueden llegar a considerar que el delito es una de las pocas vías disponibles para obtener ingresos y construir un futuro. Por supuesto, también hay jóvenes que, con enorme esfuerzo, carácter y una cuota de fortuna —como dice el refrán, “suerte y mortaja del cielo bajan”—, logran salir adelante por medios honestos.
Para la gran mayoría, una posible ruta de acceso rápido a la economía criminal comienza con el robo o asalto de vehículos. Como señalan las investigaciones periodística, el autor del asalto está en la pobreza extrema (génesis del inter criminis). Consumado el robo, el motorizado es entregado al intermediario –matón de poca monta– a cambio de una suma considerablemente ínfima a su valor real. Ese intermediario, a su vez, forma parte de una cadena de comercialización ilegal que conecta distintos puntos fronterizos de países como Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay o Argentina.
SEGUNDO ACTO: Del Ladrón al Corrupto
En el caso boliviano, la vinculación entre estas redes de receptación y el mercado de vehículos indocumentados es conocidos popularmente como el comercio de “autos chutos”; cuya matriz económica es el comercio informal y/o el contrabando en general. Este fenómeno, que requiere distinguir entre sus diferentes actores y niveles de responsabilidad, involucra desde pequeños intermediarios (pilcheros de cocaína) hasta redes organizadas que facilitan el traslado (casi siempre formadas por funcionarios de aduana, policías y militares en fronteras). La comercialización y la circulación irregular de los motorizados, es realizado por remanentes sociales en su tránsito hacia el crimen organizado.
En esa cadena, los llamados intermediarios cumplirían presuntamente una función logística: trasladar los chutos desde poblaciones próximas a la frontera hacia otras localidades del país como Caranavi en La Paz, el Chapare, la chiquitanía cruceña o los pueblos del Beni y Pando. La hipótesis es, que la mayoría de estos vehículos terminan en las manos de personas vinculadas al narcotráfico y/o funcionarios corruptos, como así también en otros actores con capacidad económica por el bajo precio de los vehículos y que determinan una oportunidad productiva (merece investigarse con información verificable que porcentaje va a éste último grupo). Una gran parte de los indocumentados termina finalmente en manos de personas con escasos recursos para acceder a una fuente de trabajo en el transporte público libre. El problema en este segmento es la incidencia en la subvención del combustible, tema de otro análisis.
TERCER ACTO: Modus Vivendi Solventado por el Robo y la Farsa
El asunto de los autos robados, adquiere una dimensión criminal mayor cuando se considera la participación, protección o tolerancia de funcionarios públicos (cúspide criminal). Como lo propala la vox populi, gran parte de los jerarcas policiales facilitan la circulación de vehículos indocumentados a cambio de pagos anuales irregulares; lo cual lleva el problema más allá del contrabando: se trataría de un entramado de corrupción que debilita la autoridad del Estado y convierte el incumplimiento de la ley en una práctica tolerada.
Un estudio de la carrera de Economía de la UAB (Revista Economía & Desarrollo, n.º 2, diciembre de 2024), señala que el 59 % del parque automotor de Trinidad corresponde a vehículos indocumentados. Si, se considerara la base de 6.000 vehículos como establece el estudio y, un pago anual de 150 dólares por vehículo para permitir su circulación irregular, el cálculo ascendería a 900.000 dólares anuales a ciertos agentes policiales corruptos. Convertida esa suma a bolivianos, representaría varios millones de bolivianos, según el tipo de cambio aplicado. Dinero que no ingresan de manera alguna ni al municipio ni a la gobernación y menos al Estado; sino a los bolsillos de malos bolivianos.
CUARTO ACTO: Status Criminal
Como vemos, las consecuencias, además, no son exclusivamente económicas. La circulación de vehículos indocumentados puede implicar pérdidas tributarias, dificultades para fiscalizar la propiedad y el origen de los motorizados, y una competencia desigual frente a quienes cumplen las normas. También plantea una cuestión social de fondo: ¿qué ocurre cuando una parte de la población empieza a percibir que infringir la ley resulta más rentable que respetarla? Una respuesta la podemos encontrar en la realidad beniana: La distorsión social.
Cualquier cunumi menor de 30 años, hoy por hoy, anda en una Toyota Hilux (la más común) sea porque esté de narco, sea porque es hijo de algún político, juez o funcionario. El punto es, que, sin el inter criminis comentado, jamás se daría esa escena que, no solo se la tolera sino que además hay quienes la admiran: culto al narco y la permisibilidad al corrupto. El problema no es que un joven posea un vehículo costoso, sino que la sociedad termine normalizando mercados ilegales y posibles mecanismos de corrupción como si fueran una vía legítima de ascenso económico.
Tampoco se trata de atribuir conductas ilícitas a todos los hijos de políticos, jueces o funcionarios públicos por su parentesco o posición social. Se trata de exigir transparencia sobre el origen de los bienes, investigar posibles conflictos de intereses y garantizar que las reglas se apliquen.
QUINTO ACTO: ¿Movilizarse en Vehículo Robado Tiene Algo de Malo?
En definitiva, el mercado de vehículos indocumentados no debería analizarse únicamente como un problema de contrabando. También merece examinarse desde la economía informal, la corrupción institucional, el narcotráfico, la pérdida de ingresos públicos y sobre todos desde la formación de valores sociales. Cuando la ilegalidad parece ofrecer prestigio, dinero y oportunidades, la honestidad se percibe como un camino más difícil; así, el daño trasciende las cifras: afecta la confianza en las instituciones y el horizonte moral de las nuevas generaciones.
Para ponerlo en términos socráticos “la plata no es ni buena ni mala”, lo bueno o malo es el mecanismo como se accede a ella y la actitud con la que se gasta.
La pregunta a manera de epílogo de esta obra teatral es incómoda, pero necesaria:
¿estamos ante un problema de vehículos indocumentados o ante una economía ilegal narcotizada cuya persistencia depende de la tolerancia social, las fallas de fiscalización y la eventual complicidad de quienes deberían combatirla y sancionarla?
