Durante décadas, buena parte de la izquierda europea convirtió el Estado protector en una máquina de gasto, deuda y promesas que hoy ponen a prueba la sostenibilidad de sus economías. Francia es un ejemplo de las dificultades fiscales y políticas que enfrenta Europa. A esto se suman los desafíos de una inmigración mal gestionada, con problemas de integración que no se resuelven con discursos moralistas ni negando los conflictos existentes.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos en Bolivia? Repetimos la misma lógica: préstamos, gasto público, bonos y medidas que pueden aliviar necesidades inmediatas, pero que no sustituyen una economía capaz de generar empleos productivos, inversión y oportunidades reales.
¡Un bono no reemplaza un empleo digno! Un préstamo no es prosperidad. Y un título universitario no debería convertirse en un certificado de frustración.
Nuestros jóvenes estudian años, se esfuerzan, se gradúan y terminan desempleados, subempleados o vendiendo en la informalidad, no necesariamente porque les falte capacidad, sino porque el país no genera suficientes oportunidades formales para aprovechar su talento.
¿Dónde están las condiciones para emprender sin ahogarse en la burocracia? ¿Dónde están los incentivos para contratar, producir, exportar y pagar salarios dignos? ¿Por qué seguimos normalizando que trabajar sin estabilidad, sin seguridad social y sin protección laboral sea la única salida para millones de personas?
El problema no es ayudar a quien lo necesita. El problema es convertir la ayuda en sustituto de una política económica que permita a la gente salir adelante por sus propios medios. Los bonos pueden ser necesarios para proteger a los más vulnerables, pero no pueden ser el proyecto de desarrollo de una nación.
Europa debe resolver cómo sostener su Estado de bienestar sin hipotecar su futuro. Bolivia debe dejar de hipotecar el suyo sin haber construido primero una economía que genere riqueza.
Un país no progresa porque reparte lo que no produce, se endeuda para mantener promesas o gradúa profesionales para condenarlos a la precariedad. Progresa cuando produce, invierte, educa para el trabajo, premia el mérito y permite que las empresas crezcan y generen empleo formal.
La verdadera justicia social no es repartir pobreza para administrar dependencia. Es crear las condiciones para que las personas puedan prosperar con su trabajo, su talento y su esfuerzo.
¡Menos dependencia del Estado, menos burocracia, más inversión, más productividad y más empleo digno!
Porque la prosperidad no se decreta, no se regala en un bono y tampoco se construye a crédito. Se construye con oportunidades reales, responsabilidad fiscal y libertad para producir.
